Una delegación de gobernadoras y gobernadores colombianos visitó Nuevo León para conocer de cerca la política social del Gobierno, y conocer las acciones emprendidas en materia de reducción de la pobreza, desarrollo comunitario y esquemas innovadores de alianzas estratégicas que conectan inversión con impacto.
En el encuentro participaron el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco; Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión y Emmanuel Loo, Encargado de Despacho de la Secretaría de Economía.
Durante el encuentro, la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, compartió con los funcionarios de Colombia la política social que ha logrado reducir en 50 por ciento la pobreza extrema en dos años, utilizando a un modelo que pone en el centro a las personas, prioriza el trabajo territorial y articula esfuerzos entre gobiernos, empresas, academia y sociedad civil.
“Nos planteamos atender las causas que originaban estas condiciones con un enfoque de derechos, basado en el desarrollo de capacidades de las personas, para expandir su libertad y fomentar su desarrollo. Ese ha sido nuestro gran diferenciador. El resultado es una política social que no solo ofreciera apoyos temporales, sino que generara movilidad social real y sostenible”, expresó Martha Herrera durante el encuentro
La delegación colombiana encabezada por Carlos Andrés Amaya; Henry Gutiérrez Ángel; Jorge Emilio Rey Ángel; Jairo Aguilar Deluque; Rafaela Cortés Zambrano; Elvia Milena Sanjuan Dávila; Erasmo Elías Zuleta; reconoció en Nuevo León un ejemplo de cómo los gobiernos pueden dejar atrás los enfoques asistencialistas para adoptar políticas sociales con impacto medible, diseñadas desde la corresponsabilidad y la articulación multisectorial.
Herrera también compartió el caso del primer Bono de Impacto Social en México, impulsado por Nuevo León, como una muestra concreta de cómo transformar la lógica del gasto público: ya no se paga por hacer, se paga por lograr. Este esquema de pago por resultados ha permitido canalizar recursos privados y públicos para mejorar la calidad de vida de personas en pobreza extrema, con impactos tangibles en salud, empleo y alimentación.


