El escándalo de las preventas inmobiliarias incumplidas en Monterrey ha escalado a dimensiones políticas, salpicando tanto al alcalde Adrián de la Garza como al exedil Luis Donaldo Colosio Riojas. La nota del momento son las miles de personas que denuncian haber sido víctimas de un presunto fraude orquestado por la familia Lobatón, a través de la empresa Proyectos9, con desarrollos que nunca se construyeron y pérdidas que superarían los 11 mil millones de pesos.

De acuerdo con Sanjuana Martínez para La Jornada, el caso de Proyectos9 habría operado bajo un esquema tipo Ponzi, en el que se comercializaban departamentos en preventa —como SOHL, Moca Verde o Torre LaLo— sin avances reales en construcción. Las víctimas acusan omisiones graves por parte de la fiscalía estatal y señalan una presunta red de protección institucional. En este contexto, el nombre de Adrián de la Garza aparece vinculado por los denunciantes debido a un supuesto control político del aparato de justicia en Nuevo León, lo que habría permitido la continuidad del fraude durante años sin consecuencias legales para los responsables.

En paralelo, otra arista del problema inmobiliario en Monterrey surge de una nota firmada por el periodista Luis Padua en El Horizonte, donde desarrolladores denuncian afectaciones durante la administración de Luis Donaldo Colosio. Particularmente, se señalan retrasos y bloqueos en permisos desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que habría frenado proyectos con inversión ya comprometida, como los de Quantium Desarrollos del empresario Pedro Dávila. Así, mientras una investigación apunta a opacidad, la otra exhibe parálisis administrativa, configurando un panorama complejo que evidencia fallas estructurales en la gestión pública de Monterrey en años recientes.